QUIÉN ES ROMAN SVARTZMAN, EL ECONOMISTA ARGENTINO DETRÁS DE LA IDEA DE QUE UN "CISNE VERDE" PUEDE PROVOCAR LA PRÓXIMA CATÁSTROFE FINANCIERA

En diálogo con Infobae, el especialista del Banco de Francia, da detalles del libro que alerta sobre los riesgos de una crisis vinculada al cambio climático

Por Daniel Blanco Gómez. 18 de febrero de 2020

El “Cisne verde”, es un libro de investigación recientemente lanzado por el Bank for International Settlements (BIS), un organismo que reúne a 60 bancos centrales del mundo, y del cual es coautor el economista franco argentino Romain Svartzman.

En el texto de banco central de los bancos centrales, queda plasmada la posibilidad de que fenómenos climáticos como los incendios en Australia o los huracanes en el Caribe provoquen grandes daños financieros con réplicas mundiales. Tras la grave crisis económica y financiera de 2008, Wall Street empezó a prestarle más atención al surgimiento de sucesos como el que desencadenó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y que terminó arrastrando al resto del mundo en un proceso de recesión.

En diálogo con Infobae, el economista de madre francesa y padre argentino, Romain Svartzman, recibido en la prestigiosa Universidad Sciences Po, señaló que el cambio climático responde a las características del cisne negro, una figura concebida por un matemático y ensayista de origen libanés Nassim Taleb, que describe un acontecimiento inesperado con consecuencias extremas que escapan a las previsiones de los economistas más avezados. Una idea que refiere a eventos muy poco frecuentes, con consecuencias muy profundas y potencialmente devastadoras para la finanzas.

 Aunque los impactos del cambio climáticos sean muy difíciles de predecir, sabemos que están ocurriendo. Es decir que hay una mezcla de certeza respecto a la realidad del fenómeno e incertidumbre con respecto al momento, forma y alcance del evento perturbador

En ese contexto, Svartzman advierte que “un cisne verde puede generar catástrofes que parecen inimaginables si solo miramos hacia el pasado como referencia, con un muy fuerte alcance como por ejemplo los incendios recientes en Australia, e imposibles de predecir por actores que usan medidas de riesgos basadas en el pasado”. Asimismo, explica cuál es el rol de los gobiernos y los bancos centrales para reducir los riesgos de que se desate una crisis financiera de magnitud global con graves consecuencias para los países y sus ciudadanos.

- ¿Cuál fue el disparador de la investigación?

- El tema de los riesgos financieros ligados al cambio climático viene siendo discutido desde hace unos años. En 2015, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, declaró que el cambio climático podía generar riesgos financieros. Dos años más tarde, a finales del 2017, ocho bancos centrales crearon la “red para ecologizar el sistema financiero” (NGFS por sus siglas en inglés), un foro compuesto principalmente por bancos centrales y supervisores financieros que participan de manera voluntaria con el propósito de contribuir al desarrollo de la administración de riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente en el sector financiero y movilizar financiamiento para apoyar la transición hacia una economía sostenible. En diciembre del 2019 ya estaba compuesto por 54 bancos centrales y supervisores, y por 12 miembros observadores. La primera recomendación del NGFS consiste en integrar los riesgos relacionados con el clima en el monitoreo de la estabilidad financiera y la micro supervisión. Esta recomendación fue el disparador del libro “El cisne verde: ¿cómo se pueden identificar, medir y manejar los riesgos climáticos?”. Allí buscamos profundizar el conocimiento en esta área aún muy reciente. Y para esto, armamos un equipo compuesto por miembros de instituciones como el Banco de Francia, la academia y el sector privado para avanzar en este tema complejo.

- ¿Qué significado, concretamente, la expresión “cisne verde”?

- Está inspirada en el cisne negro, de Nassim Taleb, sobre eventos muy poco frecuentes, con consecuencias muy profundas y potencialmente devastadoras, y que suelen ser explicadas ex post. Es decir que los marcos analíticos usados antes del evento no permiten ver la posibilidad de ocurrencia del evento, y que solo después se proponen nuevos marcos que hubiesen permitido evitar o minimizar los impactos del cisne negro. El cambio climático responde a las características del cisne negro. Puede generar catástrofes que parecen inimaginables si solo miramos hacia el pasado como referencia, con un muy fuerte alcance, como por ejemplo los incendios recientes en Australia, e imposibles de predecir por actores que usan medidas de riesgos basadas en el pasado. Además, el cisne verde presente algunas diferencias. Por un lado, aunque los impactos del cambio climáticos sean muy difíciles de predecir, sabemos que están ocurriendo. Es decir que hay una mezcla de certeza respecto a la realidad del fenómeno e incertidumbre con respecto al momento, forma y alcance del evento perturbador. Muchos eventos climáticos son irreversibles y la comunidad científica nos advierte que los daños futuros podrían generar muchísimo sufrimiento para las próximas generaciones. En este sentido, un cisne verde puede ser aún más preocupante y desestabilizador que varios cisnes negros.

- ¿Cuándo podría surgir un evento como este y por qué?

- Hay dos tipos de riesgos climático. El primero se llama riesgo físico, y se refiere a los impactos del cambio climático debido a un aumento en la frecuencia y magnitud de los eventos climáticos como los huracanes, inundaciones y olas de calor. Por ejemplo, las construcciones al borde del mar ya están amenazadas por el aumento del nivel del océano en muchos países y algunas compañías de seguro ya no desean cubrir estos activos. Esto puede llevar a la destrucción física de bienes y centros productivos, y generar un efecto cascada que afectaría muchos otros sectores. Las instituciones financieras están expuestas a todos estos sectores, ya sea a través de actividades de crédito, mercado o seguro. El segundo tipo de riesgo es de transición. Se refiere al hecho que, para evitar los impactos físicos del cambio climático y que el calentamiento global alcance los 1,5 o 2 grados Celsius, necesitamos una transición extremadamente veloz. Si se implementaran medidas adecuadas, gran parte de las reservas de recursos fósiles deberían ser paradas. Algunos estudios indican que hasta el 80% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas y el tercio de las reservas de petróleo deberían quedar en el suelo para limitar el aumento de la temperatura en dos grados. Esto podría generar dos riesgos principales: un shock de valorizaciones de estos activos fósiles, lo cual podría generar ventas masivas y aceleradas que podrían afectar el precio de muchos otros activos y tener efectos sobre todo el sistema financiero. Y otro vinculado a que muchos sectores económicos dependen de una manera u otra de estos recursos fósiles. Las exportaciones argentinas de soja, el sistema productivo chino (que depende mucho del carbón) y el consumo de bienes chinos en Europa son parte de un sistema global interconectado, por lo cual los riegos de transición deben ser analizados de manera global. Además las instituciones financieras están expuestas a todos estos sectores y a todas las vulnerabilidades que pueden llegar a surgir. Un riesgo sistémico se podría generar si uno de estos dos tipos de shocks o la conjunción de ambos llevara a instituciones financieras a no tener el capital suficiente para absorberlos. Muchos eventos climáticos son irreversibles y la comunidad científica nos advierte que los daños futuros podrían generar muchísimo sufrimiento para las próximas generaciones. En este sentido, un cisne verde puede ser aún más preocupante y desestabilizador que varios cisnes negros

- ¿Qué deben hacer los gobiernos e instituciones para afrontar una eventual crisis financiera vinculada al cambio climático?

-Es una pregunta difícil. En el libro decimos que los bancos centrales pueden contribuir a identificar y manejar los riesgos climáticos. Por ejemplo, algunos bancos centrales como el Banco de Francia están preparando testeos de estrés climático, para evaluar la resiliencia del sistema financiero a ciertos cisnes verdes. Sin embargo, los bancos centrales no pueden salvar el mundo del cambio climático, esto es responsabilidad de los gobiernos. A pesar de no poder resolverlo todo, en el libro señalamos que los bancos centrales pueden ayudar, en el marco de sus mandatos actuales, en la coordinación de las respuestas de distintos actores frente al cambio climático. Pero ejemplo, proponemos trabajar en los precios al carbono y sus impactos sociales; en los lineamientos necesarios entre política fiscal y monetaria, especialmente en el contexto actual de tasas de interés muy bajas en las economías avanzadas; en la promoción de la inversión sustentable en las prácticas de las instituciones financieras y las reformas posibles a nivel internacional para que la estabilidad climática sea reconocida plenamente como un bien público global.

 Algunos estudios indican que hasta el 80% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas y el tercio de las reservas de petróleo deberían quedar en el suelo para limitar el aumento de la temperatura en dos grados

- ¿Las tasas de los bancos pueden seguir bajando como instrumento para reactivar la economía y la producción mundial en caso de que surja un Cisne Verde?

- Este podría ser otro límite a la acción de los bancos centrales. En muchos países las tasas ya están muy bajas y hay poco margen para bajarlas más. Esto refuerza lo dicho anteriormente. Las tasas bajas les ofrecen posibilidades a ciertos gobiernos de implementar políticas fiscales verdes. El hecho que las tasas estén tan bajas puede ser una oportunidad, siempre y cuando se controle qué tipos de proyectos se benefician de esta coyuntura.

-¿Cómo llegó al Banco de Francia y en qué proyectos trabaja?

-Yo soy franco-argentino, y tuve la suerte de poder vivir en Europa y América Latina. Después de ocho años en el área de “finanzas verdes”, para un fondo de inversión primero y después para el Banco Mundial, empecé un doctorado sobre las dimensiones macroeconómicas y de economía política internacional vinculadas al cambio climático. Esto me llevó a trabajar sobre los vínculos entre crisis ecológicas y riesgo sistémico. Cuando el Banco de Francia abrió un puesto de economista para trabajar precisamente en estos temas, fue muy natural para mí entrar en la institución. La toma de consciencia de los bancos centrales sobre estos temas es reciente pero es muy fuerte, y ojalá pueda inspirar a otros actores públicos y privados.

UN DÉFICIT PREOCUPANTE DEL QUE POCOS HABLAN

Néstor O. Scibona. LA NACIÓN. 15 de febrero de 2020 

El gobierno de Alberto Fernández está armando un nuevo relato para encarar la reestructuración de la deuda externa que, al más puro estilo cristinista, apunta exclusivamente al público interno y tiene como ejes la victimización y el voluntarismo.

Algo así como aquella recordada frase "les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo" del entonces ministro Juan Carlos Pugliese en las postrimerías de la gestión de Raúl Alfonsín, poco efectiva para situaciones de crisis. La contracara de esta estrategia política simplificadora es que aumenta la incertidumbre económica. En la tribuna local no todos son militantes ni desmemoriados. También están los que pueden adoptar decisiones de inversión o consumo de bienes durables, pero las postergan hasta ver un horizonte más despejado.

Para complicar el cuadro, volvió a cobrar fuerza la imagen del "doble comando" entre Alberto F. y Cristina Kirchner que, por más que sus protagonistas lo nieguen, muestran enfoques opuestos en torno de la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional. Cuando buscan compatibilizarlos, el resultado arroja más confusión y desconfianza.

Lo mismo que los errores e improvisaciones en el manejo de los últimos vencimientos de deuda en dólares y en pesos, que tornan dificultoso completar la renegociación a fin de marzo según el plazo autoimpuesto por la Casa Rosada. Al asumir, el ministro Martín Guzmán había anunciado la formación de un comité asesor ad honorem integrado por exsecretarios de Finanzas para aprovechar sus experiencias, pero en la práctica terminó por diluirse después de unas pocas charlas informales.

Hasta ahora, el debate sobre la reestructuración de la deuda pública giró en torno de la extensión de plazos combinada con quitas (de capital y/o intereses) y de la capacidad de repago en la medida en que la economía crezca después de diez años de retroceso del PBI por habitante. El primer punto forma parte de la negociación con los acreedores privados, que previsiblemente se está alejando del terreno amigable y puede colocar a la propuesta argentina en la situación binaria del tómelo o déjelo, con riesgo de default.

En cuanto al segundo -clave para lograr el aval del FMI-, Guzmán sorprendió en el Congreso al "reperfilar" el sendero de política fiscal, cuando planteó como escenario probable que el equilibrio se alcanzaría en 2023, para pasar a un superávit primario (sin intereses de deuda) de 0,6% a 0,8% del PBI en los años siguientes. El supuesto oficial es que la economía crecería al 2% anual, muy modesto en comparación con el fuerte rebote que suele producirse después de profundas recesiones si se genera confianza.

Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad de la deuda a través de los años, no alcanza solo con reactivar la industria mediante el uso la alta capacidad ociosa actual (45% promedio), sino promover el crecimiento a base de mayores inversiones. Cómo lograrlo aún es una gran incógnita.

Sobre todo, sin que se conozca el programa macroeconómico del Gobierno, que según el ministro está "muy definido" pero declinó hacerlo público.

Su sustituto visible es la ley de emergencia que, en principio, rige hasta fin de 2020, pero en su versión anterior se extendió a lo largo de 15 años. Aunque hay consenso en que el crecimiento del PBI es una condición necesaria para reducir el peso del gasto público y de la deuda, la Argentina viene arrastrando un déficit del que pocos hablan: los números fuertemente negativos de la inversión productiva, que a su vez se traducen en nula creación (o destrucción) de empleos privados.

Rojo profundo

En este terreno, un reciente informe elaborado por la Fundación Capital -que dirige Martín Redrado- muestra resultados alarmantes. El indicador de inversión exhibe nueve trimestres consecutivos en rojo (solo en 2019 se habría contraído 17,9% interanual) y este año registraría otro retroceso de 9,8%, incluso con un repunte en el segundo semestre.

Según estas proyecciones, la inversión acumularía en 2020 una caída de nada menos que 30% con respecto a 2017 y reduciría su participación a apenas 15,4% del PBI. Hay que remontarse a la crisis de 2002 para encontrar un peor resultado (11,3%). El desplome abarca todos los componentes de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF), que se divide en construcción y equipo durable.

Sólo el componente importado de este último se contrajo en dos dígitos anuales desde el segundo trimestre de 2018 y cerró el último año con una baja estimada de 27,2% (y -55% en material de transporte). Una dinámica similar se registró en equipo durable nacional (-28,6% estimado en 2019), donde la producción local de automotores cayó 48% a uno de los menores niveles de los últimos 25 años. También la industria metalúrgica lleva más de un año y medio en terreno negativo (-8% acumulado a noviembre de 2019), con descensos en la producción de carrocerías, remolques y semirremolques (-15,1%); bienes de capital (-10,2%) y equipos y aparatos eléctricos (-7,5%).

Por su parte, la construcción también viene de 18 meses en baja, con una caída de 7,9% en 2019, que fue el único año de elecciones presidenciales donde el sector tuvo una retracción, tanto en obras privadas como públicas (en este caso por efecto del ajuste fiscal). Si bien el informe prevé para este año una desaceleración en el ritmo de caída (-14,7% en equipo durable importado; -18,6% en nacional y - 3,8% en construcción), advierte que el resultado dependerá de varios factores como la renegociación de la deuda, la evolución del uso de la capacidad instalada industrial, el costo del crédito y, en menor medida, de la obra pública.

Pero también subraya que para crecer sostenidamente a una tasa de 5% anual, la participación de la inversión en el PBI debería ubicarse en torno de 25% según la experiencia de otros países en desarrollo. Para ponerlo en otra perspectiva puede recordarse que un estudio del Cedlas, presentado en el último Coloquio de IDEA, estima que la Argentina debería crecer al 4% anual durante diez años consecutivos para reducir a la mitad sus actuales niveles de pobreza.

El desafío de recuperar la inversión privada -local y externa- depende fundamentalmente de la confianza en el futuro económico, que esta semana sufrió el golpe de varios errores no forzados del oficialismo. Con diferencia de horas, Alberto Fernández habló en Europa de conversaciones constructivas con la nueva titular del FMI y, desde Cuba, Cristina Kirchner lanzó la chicana de reclamarle una quita de la deuda, que generó la réplica del vocero del organismo.

La vicepresidenta no desconoce que el estatuto del Fondo impide quitas, pero sostuvo que lo incumplió al otorgarle al gobierno de Mauricio Macri un crédito superior a la cuota que le correspondía al país. En declaraciones a radio EcoMedios, el extitular del BCRA, Mario Blejer, explicó que es usual que en salvatajes a países en crisis se autoricen cuotas más altas y que, en todo caso, el Fondo puede contribuir indirectamente a reducir la deuda con decisiones que bajen el valor presente de los títulos soberanos.

Más extraño es que el propio Guzmán haya afirmado en el Congreso que esos créditos no se utilizaron para mejorar la capacidad productiva, cuando su destino es asegurar el pago a los acreedores, recuperar el acceso a los mercados y evitar el default. Ahora la expectativa es si la misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires emitirá -o no- la semana próxima un comunicado tras sus reuniones con el equipo económico, como señal sobre la marcha de las negociaciones.

Tampoco forma parte del estilo moderado del ministro el párrafo de que el Gobierno "no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente", incluido en el comunicado oficial que anunció el reperfilamiento unilateral (con pago de intereses) del Bono Dual (AF20) hasta fin de septiembre, tras el fracaso de los dos canjes voluntarios. Con el riesgo país nuevamente por encima de los 2000 puntos básicos, hay quienes creen que pudo ser una jugada para bajar el precio de los títulos.

Sin embargo, el problema fue otro bien distinto: la imposibilidad de emitir casi $100.000 millones de un día para otro sin poner en riesgo las brechas cambiarias y las expectativas de inflación, y -por añadidura- complicar el sendero de tasas en pesos para financiar al Tesoro.

DESIGUALDAD GLOBAL. UN FACTOR CLAVE EN LA CRISIS DE LAS DEMOCRACIAS

Guillermo Borella. 1 de febrero de 2020 

No parece ser mera casualidad. Parásitos, la película coreana que viene cosechando premios, aplausos y público en todo el mundo -y que aparece como una de las favoritas para los premios Oscar que se entregan dentro de una semana-, ya es un fenómeno de taquilla en la Argentina. Más allá de los méritos artísticos de esta película convertida en fenómeno global, el gran dato es el tema que aborda: la desigualdad. Precisamente, la creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos es, a estas alturas del siglo, un factor que amenaza la estabilidad política y social de todo el planeta. En especial, por el modo en que se engarza con la aguda pérdida de confianza que, a nivel global, padece la clase dirigente.

El panorama podría describirse como lo que emerge de una doble grieta: por un lado, entre los que más y menos tienen; por el otro, entre gobernantes y gobernados. En el fondo, la ecuación es la misma: vivimos en un mundo asimétrico donde la distancia que separa a las élites de las mayorías es cada vez mayor.

Al traducirse en una menor igualdad de oportunidades para los ciudadanos, la desigualdad económica termina por socavar la credibilidad democrática, aseguran los expertos. Cabe preguntarse, entonces: ¿en qué medida puede adjudicarse a la desigualdad la actual crisis de representación que sufren las democracias? ¿Cuáles son los peligros que esta creciente inequidad conlleva para el capitalismo democrático? A fin de cuentas, ¿cuánta desigualdad puede tolerar la democracia?

Temerosos de que la profundización de la desigualdad esté promoviendo la pérdida de la fe democrática por parte de los ciudadanos, que en todo el mundo toman las calles para expresar su malestar frente a un sistema deslegitimado, los líderes políticos, frecuentemente acusados de mirar hacia otro lado, comienzan a tomar nota. De momento, el auge de los movimientos antisistema y la exacerbación de los nacionalismos vienen siendo las principales señales de alarma.

"El aumento de la desigualdad y, sobre todo, la creciente percepción de que las élites cosmopolitas liberales y urbanas están capturando una parte desproporcionada de las rentas son un caldo de cultivo para los movimientos antisistema y antiapertura", afirma vía telefónica desde Madrid Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. "No hacerles frente es el mayor riesgo para la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo", advierte Steinberg, que además es profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid.

La preocupación por las consecuencias políticas del aumento de la desigualdad -junto con la amenaza del cambio climático- concentró buena parte de la atención durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, celebrada pocos días atrás en Davos ante la presencia de líderes políticos, empresarios y activistas de la sociedad civil.

En vísperas de la cumbre, la ONG Oxfam International dio a conocer un informe donde alerta sobre la desigualdad extrema en el mundo. Lo demuestra con cifras impactantes. Por ejemplo, señala que el 1% más rico del planeta posee más del doble de la riqueza del 90% de la población mundial. O que las 26 personas más ricas poseen lo mismo que otros 3800 millones, la mitad de la población global.

Conflictividad

"La desigualdad económica está fuera de control", advierte Oxfam en su documento, y afirma que esta enorme brecha "es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista". Además, insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes para "construir una economía más humana y feminista, en vez de alimentar una carrera sin fin por el beneficio económico y la acumulación de riqueza". El informe, que también destaca las disparidades económicas basadas en el género, dado que las mujeres y niñas cargan con una mayor responsabilidad en los trabajos de cuidados y con menos oportunidades económicas, concluye: "Las desigualdades indecentes están en el corazón de las fracturas y los conflictos en todo el mundo".

Así y todo, pareciera haber matices. Según ha demostrado uno de los mayores expertos en la materia, el economista serbio estadounidense Branko Milanovic, en los últimos años la desigualdad de ingresos entre las personas en el mundo entero no ha aumentado, sino disminuido. La explicación es que el fuerte incremento en los ingresos de China y otros países de gran población, como India e Indonesia, hizo emerger una gran clase media mundial. Milanovic lo denomina "el rebalanceo del mundo".

No obstante, mientras cayó la desigualdad mundial, aumentó la inequidad dentro de cada país. "Lo políticamente clave es que las personas perciben la desigualdad en sus países", afirmó Milanovic en una entrevista para la revista International Politics and Society. Según el especialista, si los individuos se preocupan más acerca de su posición relativa en donde viven que lo que ocurre en otros países, esa percepción acerca de la creciente desigualdad neutraliza las ventajas de la caída en la desigualdad global. "Y eso cobra preponderancia política", dice el experto.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas que explican la creciente inequidad a nivel mundial? Los expertos señalan el aumento desmedido de las retribuciones de los financieros y altos directivos por encima del resto de los salarios. En Estados Unidos, por ejemplo, mientras que en 1970 un ejecutivo ganaba 17 veces más que la mayoría de los asalariados, ahora gana casi 75 veces más que ellos, según se desprende del último reporte del Instituto de investigación Credit Suisse.

El exitoso libro de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI, publicado en 2013, dio una respuesta contundente a la pregunta sobre el germen de la creciente desigualdad: es el capitalismo. Para el economista francés, la causa es sencilla: la tasa de beneficio del capital es sistemáticamente mayor que la tasa de crecimiento de la economía, que es lo que beneficia a la mayoría de la gente. El capitalismo tendría así una tendencia innata a la desigualdad.

Todo el mundo reconoce el aporte de Piketty al establecer de forma indiscutible el problema de la desigualdad. Pero ¿es la creciente desigualdad una característica inevitable del capitalismo? Al parecer, no todos están de acuerdo con este diagnóstico.

Algunas razones

Uno de ellos es Roberto Bouzas, director académico de la Maestría en Política y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés (UdeSA), que subraya que el Estado existe justamente para regular los aspectos menos deseables de las dinámicas de mercado, a través de las políticas públicas. "De eso se trata la intervención de un Estado que no sea un mero instrumento de los intereses dominantes. El problema es cómo se constituye ese Estado en un contexto en el que el balance político no lo estimula", repara el académico.

Muchos coinciden en señalar como la fuerza impulsora detrás de la desigualdad a la gran financiarización que atravesó la economía mundial a lo largo de los últimos 40 años. Según explica el economista estadounidense James K. Galbraith, profesor de la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, existen patrones comunes a diversos países y a lo largo del tiempo que muestran que la desigualdad económica y las finanzas globales son las dos caras de la misma moneda. "Lo que hemos presenciado han sido las consecuencias de unas condiciones que la globalización financiera hizo posibles", dice el autor de Desigualdad: lo que todo el mundo debería saber.

"Las desigualdades provocadas por los momentos de prosperidad financiera disparada y la concentración de ingresos en sectores especulativos (burbujas) son insostenibles por naturaleza", advierte Galbraith. "El actual nivel de desigualdad es síntoma de una enfermedad económica que amenaza la perduración de una existencia humana organizada, pacífica y próspera", apunta en una reciente nota publicada en el diario El País.

Según la mirada de Steinberg, hay dos fuerzas estructurales que explican el aumento de las desigualdades: el cambio tecnológico y el avance de la globalización. Si bien estas fuerzas son positivas porque aumentan el tamaño de los beneficios económicos (nunca hubo tanta riqueza en el mundo como hoy), generan ganadores y perdedores. "Ambas fuerzas son positivas e inevitables, el problema es cuando faltan las políticas públicas para distribuir el tamaño de la torta", dice el economista español en relación con la ausencia de medidas que apunten a repartir los beneficios del crecimiento económico.

Otros expertos señalan que una parte clave del problema es la desaparición (y relativa escasez) de empleos buenos y estables, producto de la desindustrialización que arrasó muchos centros manufactureros, un proceso agravado por la globalización económica y la competencia de países como China. Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de Harvard, sostiene en un artículo publicado en Project Syndicate: "Los cambios tecnológicos han tenido consecuencias especialmente negativas para los puestos en el centro de la distribución de habilidades, afectando a millones de trabajadores".

De aquí se desprende una desigualdad oculta: la creciente separación geográfica, social y cultural entre grandes segmentos de la clase trabajadora y las élites. Esta segmentación espacial entre los centros urbanos prósperos y cosmopolitas y las comunidades rurales no se reflejan en los indicadores convencionales sobre desigualdad, centrados en la desigualdad de los ingresos (el más común es el Índice de Gini). Al ignorar todas las otras implicancias para la vida diaria, algunos opinan que son un mal medidor del descontento en las democracias.

Estas brechas espaciales -siguiendo el argumento de Rodrik- impulsan grietas sociales más amplias, y son reforzadas por ellas. El hecho de que las élites profesionales metropolitanas estén mejor conectadas fortalecería así su influencia sobre los gobiernos, al tiempo que las aleja de los valores y prioridades de sus compatriotas menos afortunados, quienes se alejan y resienten frente a un sistema que, aparentemente, ni funciona para ellos ni se preocupa por ellos. "La desigualdad se manifiesta como un sentimiento de pérdida de dignidad y estatus social por parte de los trabajadores menos capacitados y otros que fueron dejados afuera", apunta Rodrik.

Así, se avizora una cuestión adicional: el modo en que la desigualdad económica afecta a la igualdad política. La lógica igualitaria, propia de cualquier democracia (una persona, un voto), se quiebra por la desigualdad económica que provoca que el voto de algunos sea más influyente que el de los demás.

Al respecto, Roberto Bouzas opina que la creciente desigualdad económica se traduce en una mayor desnivelación del campo de juego político. "La concentración del poder político que acompañó la concentración del poder económico reforzó esta última en un círculo que se retroalimenta y resulta perverso para la salud de las democracias", advierte el experto.

Misma opinión comparte Carla Yumatle, profesora de filosofía política en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), al subrayar que cierto nivel de desigualdad económica condiciona los niveles de igualdad política.

Al ser la clase política cada vez más receptiva a las preferencias políticas de los ciudadanos acaudalados, se produce apatía política por parte de los ciudadanos menos adinerados. "Dada la influencia de los ultrarricos sobre las políticas públicas, el ideal democrático de igualdad política se ve severamente dañado, porque el acceso al poder político es desmedidamente desigual. Dejamos de ser iguales ante la ley y cada persona no representa un voto; hay algunos que representan muchos más", afirma Yumatle. Y concluye: "La desigualdad económica y la desigualdad política están positivamente relacionadas e inducen a la retracción política al ciudadano medio".

Otro contrato

Por su parte, Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, advierte: "Cuando la desigualdad se agudiza, la economía de mercado choca con la democracia". Para Costas, el gran reto pasa por reconciliar capitalismo con democracia: "La desigualdad económica es posiblemente el fenómeno más perturbador al que se enfrentan en este siglo los sistemas políticos democráticos de nuestros países, así como también el propio capitalismo". En una columna de opinión publicada en El País, titulada "La desigualdad asesina a la democracia", Costas escribió: "La desigualdad es un poderoso disolvente del pegamento que una sociedad pluralista y una economía de mercado necesitan para poder funcionar de forma eficaz. En la medida en que disminuye la confianza social, ese pegamento invisible, la desigualdad impide la cooperación y la existencia de un proyecto de futuro compartido. Se necesita un nuevo pegamento, un nuevo contrato social".

Que muchos ciudadanos de las democracias occidentales se sientan alienados de la política es un dato que ya no parece sorprender a nadie. Para Óscar Fernández, politólogo e investigador senior en el Center for Global Economy and Geopolitics (Universidad Ramón Llull, Barcelona), esto no significa solamente que las clases populares estén menos presentes en las instituciones (como los parlamentos o los gobiernos), sino que el problema es más amplio: "Dichas clases populares perciben que se ven limitadas a la hora de influir de forma efectiva en los procesos políticos. Votar y ser elegido son factores necesarios, pero no suficientes", subraya.

El experto cree que los efectos políticos de la desigualdad económica son innegables. "Las clases altas de las sociedades occidentales tienden a aprovechar su posición económicamente privilegiada para ejercer influencia política. Así pues, una mayor desigualdad económica suele mutar en una mayor desigualdad sociopolítica, y viceversa", apunta el investigador español, y advierte que estamos siendo testigos de una "mercantilización plenamente legal de la política institucional". Para ilustrarlo, cita el caso de Estados Unidos, donde los lobistas contratan a personas para que hagan fila por ellos antes de las audiencias del Congreso, y así se aseguran no perderse ninguna de ellas.

"La legitimidad de origen de nuestros modelos se erosionará si las ideas de igualdad y justicia, que integran el núcleo normativo de la democracia, se ven pisoteadas en la práctica", advierte Fernández. Para el experto, el reto, pues, es doble. "Hay que corregir los graves defectos de nuestras democracias antes de que estos se vuelvan insostenibles e irreversibles. Pero tampoco deberíamos permitir que las justificadas críticas al sistema actual sean explotadas por quienes se decantan por contraproducentes enmiendas a la totalidad", concluye.

En busca de posibles soluciones

Si bien es evidente su necesidad, aún no parece estar claro cuáles serían las mejores políticas destinadas a reducir los enormes niveles de desigualdad que afectan a las democracias liberales actuales. Inversión social, transferencias o regulaciones como el salario mínimo, e impuestos progresivos a la renta son apuestas frecuentes en este sentido.

"Probablemente ninguna política por sí sola pueda dar cuenta del problema, por lo que lo más razonable es pensar en paquetes de iniciativas que ataquen la desigualdad sin afectar negativamente los incentivos para innovar e invertir", explica Roberto Bouzas desde la Universidad de San Andrés.

De acuerdo con el investigador español Federico Steinberg, "la solución a la desigualdad debería apuntar a reescribir el contrato social, que parece estar desvirtuado". Para eso, cree que hace falta una mejor gobernanza global y una mayor cooperación internacional, ya que ciertas soluciones no dependen solo de un país, sino de la coordinación entre los diversos Estados para que, por ejemplo, puedan coordinar el cobro de impuestos a las empresas que desean mover su dinero con fines de evasión. "Si no se hace algo a tiempo para enfrentar estos niveles de desigualdad, se producirá un socavamiento importante de la legitimidad democrática", alerta Steinberg.

Finalmente, muchos coinciden en señalar la necesidad de que las demandas de las clases medias y trabajadoras sean mejor reflejadas en las instituciones políticas. "La desigualdad actual requiere un enfoque diferente, que se centre en las inseguridades y ansiedades económicas de los grupos en el centro de la distribución del ingreso", opina el profesor de Harvard Dani Rodrik. Y concluye: "Nuestras democracias pueden minimizar las amenazas de conflictos sociales, la xenofobia y el autoritarismo con solo impulsar el bienestar económico y la situación social de los trabajadores de clase media y media baja. Si no estamos preparados para ser audaces e imaginativos para crear economías inclusivas, cederemos terreno a los vendedores de ideas antiguas, probadas y desastrosas".