Juan J. Llach. 17 de octubre
de 2020
Ya antes de la pandemia, y
ahora más, eran muchos los países necesitados de aumentar su productividad y de
más y mejor inclusión. Ambas cosas son complementarias porque, sin inclusión,
la política o la sociedad cuestionan la productividad y, sin ella, la inclusión
no es financiable.
Para abordar este problema en
la Argentina, conviene inscribirlo en un marco global. La gran recesión de
2008, que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos,
pegó fuerte en la productividad de los países avanzados, que ya en los años
ochenta mostraban aumentos de la desigualdad por menor participación de los
asalariados en el producto bruto interno (PIB), por el aumento de la
concentración de los ingresos en el 1% y el 1 por mil de la población y por los
cambios tecnológicos de la "cuarta revolución industrial".
La Revolución 4.0 impacta en
el trabajo
En la última década se
acentuaron los reclamos de soluciones inmediatas a las desigualdades y creció
el populismo en Europa y en Estados Unidos, alentado por el nacionalismo, el
sentimiento antiinmigración y aun el racismo. Aquí entendemos por
"populismo" la demanda de soluciones inmediatas con independencia de
sus costos futuros.
Entretanto, desde 1990 muchos
países emergentes afianzaban su liderazgo en el crecimiento económico global,
con China y otros países de Asia a la cabeza. También mostraban una fuerte
reducción de la pobreza, aunque no de la desigualdad, e iniciaban un camino de
convergencia hacia del nivel de vida de los desarrollados, probablemente más
corto que la divergencia anterior, que duró 500 años. América Latina disfrutó
solo en parte esta bonanza, a punto tal que, en el siglo XXI y pese al
"viento de cola", fue la región del mundo que menos creció.
El capital humano y la
educación, claves
El liderazgo de los emergentes
se da también en el crecimiento de la población, al que aportarían nada menos
que el 97% en las próximas dos décadas, la mitad en África. En el entorno
globalizador vigente, con rápido aumento del comercio internacional, muchas
regiones manufactureras del mundo desarrollado perdieron posiciones respecto de
China y otros asiáticos, erigiéndose en baluartes de la de la
antiglobalización. Ante este cuadro, cabe preguntarse si ella continuará, más
aún en la pospandemia. Nuestra visión es que la globalización seguirá en pie,
acotada, pero sin retroceder al proteccionismo. En ese marco, potenciado por un
gran endeudamiento, es probable que el crecimiento sea menor, incluso en los
emergentes, aunque sin perjudicar su liderazgo. La Argentina tendrá
oportunidades, sin vientos de cola ni de frente a la vista.
Desafíos para la Argentina
En nuestro país, la
productividad por persona ocupada cae desde hace diez años, debido
principalmente al derrumbe de la inversión en capital físico, de 19,5% del PIB
en 2007 a solo 11,5% en 2019 y, Covid-19 mediante, a 10% en 2020, la menor
desde 1950. En teoría, la productividad podría haber aumentado con una
performance estelar del capital humano, pero no ocurrió. Comparando ocho
indicadores de educación de la Argentina con países latinoamericanos -desde la
escolarización hasta el aprendizaje, pasando por la doble jornada o la
graduación- nuestro país es superado por cinco o seis naciones, algo sin
precedentes. La inversión en capital humano no fue el precio necesario de un
aumento de la inclusión, y el deterioro de la educación respecto de países
latinoamericanos se observó también en indicadores de pobreza, salud, vivienda,
nutrición y empleo formal. Por caso, nuestra esperanza de vida al nacer (76,5
años) ya es menor que la de seis países de América Latina, algo inédito.
La propuesta
¿Qué hacer ante tamaños
desafíos? En el IAE y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Austral comenzamos en 2018 un proyecto permanente de investigación de la
productividad inclusiva (PI), que comprende diagnósticos y políticas. Nuestras
propuestas se asientan en un trípode: inversión, empleo e inclusión. Es decir,
invertir en capital físico y humano, para aumentar así la productividad y el
empleo formal, y combatir la pobreza y mejorar otros aspectos de la inclusión.
Esas orientaciones bastarían
en un país menos complejo, pero no en la Argentina. Padecemos demasiados males,
inexistentes en casi todo el mundo. Varios de ellos implican una ruptura del
contrato fiscal entre los ciudadanos contribuyentes y el Estado: alta inflación
y déficit fiscal crónico, gasto público, presión tributaria y evasión muy
elevados, carga impositiva regresiva y desalentadora de la inversión y las
exportaciones, además de ser el país más bimonetario del mundo. La PI necesita
que estos problemas sean superados. Emprender un rumbo en el sentido de nuestro
trípode también ayudaría a superar los mencionados desafíos macroeconómicos.
Por caso, el camino genuino para resolver la escasez de divisas es un salto
duradero del saldo comercial externo por mayor inversión orientada a las
exportaciones, para depender así menos de sus precios o de la demanda y más de
la productividad aumentada por la inversión.
Además de necesitarse
mutuamente, productividad e inclusión solo pueden sostenerse si se basan en
acuerdos políticos y sociales sólidos. Muchas de las políticas pro-PI requieren
más de un período presidencial, por lo que su eficacia depende de una
continuidad rara vez observada en la Argentina. La grieta política actual
dificulta o impide los acuerdos, y harán falta estadistas para lograrlos. En
nuestra historia existen algunos casos de interés. Perón los intentó en su
segunda presidencia, convocando a un congreso de productividad y bienestar
social que arribó a algunos acuerdos, pero naufragó por el violento clima
político de 1955. En las circunstancias críticas de la crisis de 2002 tuvo
lugar el Diálogo Argentino, que llegó a muy buenos acuerdos, también
inviabilizados por cuestiones políticas. En 2017, en fin, se acordó y se hizo
ley una sólida reforma tributaria, pero la crisis la dañó y fue prácticamente
abandonada ahora. En fin, las mesas sectoriales recién convocadas no tienen
alcance suficiente para lograr la productividad inclusiva.
¿Reactivación o crecimiento?
Hoy se discute, sordamente, si
el camino para salir de la crisis es reactivar la economía o apuntar al
crecimiento. Quienes apoyan la reactivación apuestan al liderazgo del consumo y
el gasto público. El problema de esta alternativa es que, tarde o temprano,
suele terminar en crisis fiscales y externas. Nuestra propuesta de la PI
sugiere que el camino más eficaz y menos riesgoso es un crecimiento compatible
con la reactivación, cuyo corazón es impulsar la demanda con protagonismo de la
inversión en capital físico y humano y vinculada a las exportaciones. Eso
favorece una mayor creación de empleos formales y una generación de divisas más
sostenible. La inversión requiere un cambio cultural de la sociedad que lleve a
confiar en el futuro del país, no solo con grandes proyectos, públicos y
privados, sino también con la refacción o ampliación de la casa, el taller o la
oficina, las obras municipales y hasta la ambición personal de graduarse en la
universidad, en la secundaria o en un oficio. Todo eso reactiva y contribuye a
la PI, simultáneamente.
El rumbo es crucial
¿Hacia dónde marcha la
Argentina? Muchos se formulan esta pregunta, aún sin respuesta. El Gobierno
declina decirlo y tampoco da señales de estar planteándoselo. No advierte que
ese mutismo es un gravamen para el país, más aún cuando, erráticamente, se
anuncian estatizaciones o expropiaciones sin fundamento que coexisten con el
fenómeno de empresas que se van del país o reducen sus operaciones en él. Se
puede creer más o menos en el rol del Estado en la economía, pero es muy
costoso desconocer sus crónicas recaídas en la insolvencia.
Actuar erráticamente es aún
más dañino en un contexto tan incierto como el de la pandemia. En contraste, el
anuncio de un rumbo fundado y creíble podría atraer capitales que, además de
sus efectos positivos sobre la inversión y el crecimiento, acarrearían divisas
productivas e impulsarían la propensión al gasto y a alargar los horizontes de
planeamiento. En otras épocas, el rumbo se escribía en un plan de desarrollo,
en varios tomos, casi siempre incumplido. No se propone aquí volver a ese pasado,
pero sí hay que tener metas, plazos, costos y beneficios de las acciones y
políticas del Estado.
Políticas para la inclusión
Ilustraremos nuestra visión de
la PI mencionando algunas de las políticas generales analizadas en el proyecto,
buena parte de ellas más urgentes por la pandemia. No se incluyen aún
propuestas sectoriales.
Productividad del Estado. El
sector público debe dejar de ser una caja negra y, cumpliendo parte del
contrato fiscal, debe publicar un informe anual, en los tres niveles de gobierno,
que muestre su producción y productividad. Entre ministerios, secretarías y
subsecretarías, el Estado nacional tiene 274 organismos, además de una
treintena de gabinetes de asesores. Un volumen inexplicable, contrario a la
productividad y a la inclusión de los más necesitados.
Información. Pese a los
progresos del Indec, todavía debe mejorarse sustancialmente la información. Un
ejemplo es corregir la subdeclaración de ingresos en las encuestas de hogares,
que subestiman la desigualdad y sobreestiman la pobreza, sin negar la gravedad
de ambos males en la Argentina de hoy.
Más y mejor inversión en
capital humano. Como ninguna otra, esta inversión aporta al mismo tiempo a la
productividad y a la inclusión y es el núcleo central de la PI en un país como
la Argentina. Posible instrumentos son una nueva ley de financiamiento
educativo, vinculado a metas; fortalecer el combate contra la desigualdad
educativa, con escuelas ricas de jornada extendida para los más pobres;
continuidad de las evaluaciones censales, con devolución de resultados a las
comunidades educativas para la mejora escolar; un nuevo contrato docente, con
incentivos a los logros, optativo para quienes ejercen y obligatorio para los
ingresantes; especialización de los institutos de formación docente;
jerarquizar la preparación para el trabajo en la educación primaria, media,
terciaria y en la formación profesional; inducir más vocaciones en ciencias
duras y tecnologías; en el nivel superior, informar a los estudiantes las
perspectivas de las profesiones que eligen (como se hizo en el año 2000);
mejorar la articulación con el secundario; aumentar la cantidad de becas,
financiadas con un impuesto a los graduados (como en Entre Ríos o en Uruguay) y
mejorar continuamente su pertinencia, arraigo y relevancia, identificando las
áreas de vacancia por regiones.
Mejor y mayor inversión en
ciencia y tecnología, basada en un nuevo plan estratégico, con asignaciones
crecientes a las áreas prioritarias. Junto a un rumbo claro del país, esto
podría ayudar a reducir la fuga de cerebros que nos afecta, erráticamente,
desde hace décadas.
Empleos formales y
personalización. Para ser tal, la PI debe aumentar la productividad sin reducir
el empleo. Un camino relevante para eso es bajar el costo laboral no salarial,
que en la Argentina supera en dos tercios a los de los países desarrollados.
Eso facilitaría la formalización de muchos trabajadores, algo esencial para la
PI. También es esencial reemplazar los planes sociales permanentes, salvo la
AUH, por capacitaciones laborales personalizadas con posterior acceso de sus
beneficiarios al empleo formal.
Nutrición y salud. En la
Argentina pre-Covid era mucho mayor la malnutrición que la desnutrición. Este
problema mejoraría si la tarjeta alimentaria vigente tuviera descuentos mayores
para los alimentos más nutritivos. La salud es otro componente esencial de la
inclusión. El acceso a ella podría facilitarse, gradualmente, con una cobertura
universal y una solución financiera para el PAMI, muy compleja.
Otras inclusiones en mora. En
la agenda pendiente del proyecto PI figuran las dificultades que se oponen a la
plena realización de las mujeres y de otras minorías, por ejemplo, en el
mercado laboral; también, las desigualdades intergeneracionales, en especial la
previsional y la ambiental, ambas muy postergadas. Está pendiente además la
esencial cuestión de la vivienda digna.
Una menor desigualdad
requiere, además de las políticas mencionadas, un impuesto a las ganancias
realmente más progresivo y una sustancial mejora de los impuestos
patrimoniales, sin duplicaciones y generadores de inversión.
Políticas para crecer
La previsibilidad, esencial
para la inversión, requiere seguridad jurídica protegida por un Poder Judicial
independiente, un tema todavía no resuelto en la Argentina.
Respecto de la inserción en el
mundo, no se conoce la agenda externa de la Argentina, crucial para el
crecimiento y para la PI. Ella debe contemplar volver a poner en valor el
Mercosur, lograr su ampliación, persistir en el acuerdo con la Unión Europea y
promover un mayor acercamiento a África y Asia, los continentes con mayores
perspectivas de crecimiento. China es, por cierto, un socio estratégico, pero
sería erróneo erigirlo en "salvador".
Carga impositiva. Tal como
establecían los acuerdos legislados en 2017, aumentar la inversión requiere
reducir la altísima carga tributaria que castiga a la producción y las
exportaciones, Hasta tanto se recupere espacio fiscal para restablecerlos,
pueden licitarse cupos de las rebajas allí previstas, otorgándolos a quienes
más inversión comprometan y más empleo y divisas generen por peso de impuestos
rebajados.
Protección arancelaria. Otro
modo de incentivar la inversión y las exportaciones es integrar gradualmente la
economía argentina al mundo, dando carácter contractual a la protección
arancelaria, con magnitudes y plazos que dependan de la inversión comprometida
y de los acuerdos comerciales que logre la Argentina.
Economía del conocimiento. El
país cuenta todavía con una dotación de capital humano con potencial para
diversificar la producción y las exportaciones mediante la creación de empleos
calificados. El Congreso aprobó recientemente una nueva, y polémica, versión de
la ley respectiva. Es casi seguro que atraerá menos inversión y empleos que la
anterior. Un error común a ambas leyes es no incluir a toda actividad económica
que genere empleos de científicos, profesionales o técnicos, o que patente
descubrimientos.
Empresas y trabajadores
En una sociedad de economía
mixta como la nuestra, la PI requiere el concurso de los trabajadores, los
empresarios, las empresas como organizaciones y el Estado. Hay quienes avizoran
que en la pospandemia surgirá una nueva institucionalidad socioeconómica. No lo
sabemos, pero lo vemos poco probable. Sí es seguro, en cambio, que la PI no
solo requiere mucha mejor calidad de políticas públicas. También necesita una renovación
de las empresas, de la calidad de sus prácticas de management y de la
integración y la participación de los trabajadores, para construir así
organizaciones empresarias que aporten más y mejor a la productividad
inclusiva.
Sociólogo y economista
