Es
la condición para recuperar acceso al financiamiento internacional. Mauricio
Macri lo intentó, pero muy tarde. Y Alberto Fernández asegura que tiene ese
objetivo, aunque aún no explicó cómo lo conseguirá
Por
Pablo Wende. 13 de octubre de 2019
Si
el próximo gobierno quiere tener una chance de sacar a la economía de la
depresión que atraviesa, tarde o temprano tendrá que recuperar el acceso al
financiamiento. El único capaz de proveer esa liquidez hoy es el FMI. Y si el
canje de deuda se realiza de manera ordenada, se puede reabrir el crédito
internacional. Pero ambas posibilidades dependen de una única y exigente
condición: encaminarse lo más rápidamente posible al superávit fiscal.
Algunos
economistas heterodoxos todavía buscan causas tiradas de los pelos para
explicar por qué la Argentina tiene alta inflación hace 50 años. Algunos hablan
de “inercia”, otros del poder de los oligopolios y otros le echan la culpa al
Estado por no aplicar controles más estrictos sobre las empresas. Sin embargo,
a esta altura son tan abrumadoras las evidencias que es el rojo permanente de
las cuentas públicas el responsable de la inflación que ni siquiera tiene
demasiado sentido perder tiempo en la discusión.
Cristina
Kirchner profundizó en su segundo mandato los problemas de las cuentas
públicas, agrandando el déficit hasta casi 6 puntos del PBI al finalizar su mandato.
Una buena parte era rojo primario (es decir los gastos corrientes superaban a
los ingresos corrientes) y además había un rojo financiero por el pago de
intereses de la deuda pública. Siguiendo los consejos de su ministro de
Hacienda Alfonso Prat-Gay, Mauricio Macri no hizo nada en su primer año de
gestión y el rojo fiscal se siguió profundizando. Y la tendencia se mantuvo en
2017. El financiamiento por emisión monetaria que efectuó Cristina fue
reemplazado por la captación de deuda en dólares en el arranque de la gestión
macrista.
El
resultado de estos ocho últimos años están a la vista. La inflación siguió
aumentando hasta superar el 50%. Fueron dos gobiernos atravesados por la grieta
y con dos ideologías completamente enfrentadas. Pero Cristina y Macri tuvieron
un denominador común: el elevado déficit de las cuentas públicas.
El
FMI le exigió a Macri en medio de la crisis un plan para alcanzar “déficit
cero”. Pero la recesión y la desconfianza post PASO no permitiría llegar a ese
objetivo. Y además quedan un 3,5% de déficit por el pago de intereses que
tampoco tiene financiamiento. Además, la eliminación temporal del IVA en
alimentos de la canasta básica y el aumento del mínimo no imponible en Ganancias
también impactarán en los números fiscales y proyectan más problemas para el
2020.
Elaborar
un plan que apunte rápidamente al equilibrio de las cuentas públicas será
imprescindible para el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Lo reclaman el
FMI y los inversores, aunque cada uno persigue su propio interés
Si
en dos semanas Alberto Fernández es elegido presidente tendrá que sentarse a
negociar las características de un nuevo acuerdo con el organismo. Pero más
allá de los diferentes enfoques sobre cómo lograr que la Argentina vuelva a
crecer, luego de ocho años de estancamiento, hay algo seguro: el equilibrio
fiscal no se negocia.
Ni
los técnicos del FMI ni el directorio del organismo estarán dispuestos a
permitirle a la Argentina seguir con la aventura del déficit luego de las
sucesivas crisis financieras y cambiarias que se encadenan desde abril de 2018.
Para reanudar los desembolsos (quedan en total unos USD 13.000 millones en
relación al acuerdo original), primero el Gobierno deberá presentar un plan
“sostenible”. Y en el primer renglón de ese plan deberá aparecer un compromiso
para llegar rápido al superávit.
Para
los grandes fondos de inversión y bancos de Wall Street también es
imprescindible que la Argentina elabore un plan que tenga como pilar el
equilibrio de las cuentas. De lo contrario, la renegociación de la deuda se
volvería cuesta arriba. Muy pocos inversores estarán dispuestos a aceptar
nuevos bonos con extendidos plazos de cobro y eventualmente baja de tasas si no
hay certeza de pago de los flamantes instrumentos. Las últimas experiencias de
canjes amigables (Uruguay 2003 y Ucrania 2015) cumplieron primero con esta
premisa. Incluso la renegociación de deuda que llevó adelante Néstor Kirchner
con Roberto Lavagna en 2005 se hizo con un elevado superávit fiscal.
La discusión sobre el nivel de gasto público
que tiene la Argentina estuvo directamente ausente en la campaña. Macri se
dedicó a bajar impuestos a las apuradas y Alberto Fernández reconoció que
trabaja en aumentarlos, como el caso de las retenciones al agro y Bienes
Personales
Alberto
Fernández es consciente sobre esta necesidad de volver al equilibrio de las
cuentas e incluso llegar el superávit. Pero hasta ahora sólo habló
tangencialmente del tema. Hasta ahora reconoció que habrá más peso en las
retenciones a exportadores (teniendo en cuenta que los $4 por dólar exportado
se han licuado por la devaluación) y Bienes Personales. El problema es que la
recaudación de este último apenas superó los USD 300 millones y representa
menos del 1% de la recaudación total. Cualquier aumento de alícuota será
insuficiente para conseguir un significativo aumento de los ingresos y podría
generar otra ola de desconfianza en los mercados.
El
gasto público fue un tema ausente en la campaña electoral. Durante la gestión
de Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda se logró un avance para reducir
el gasto primario (es decir sin contar el pago de intereses) en relación al
PBI. Hay un gran desafío ahora en mantener ese sendero, es decir que el gasto
crezca por debajo de los ingresos corrientes. La fuerte caída en términos
reales de la recaudación de septiembre, que se mantendría en octubre, evidencia
la dificultad para lograrlo.
Por
supuesto que la agenda del gobierno que asuma el 10 de diciembre va mucho más
allá de los “fríos” números fiscales. Habrá que resolver cómo siguen los
controles cambiarios, qué se hace con el congelamiento de tarifas de servicios
públicos y de las naftas, darle contenido a un Pacto Social y evitar una nueva
devaluación que le pondría más presión a la inflación.
Los nueve días hábiles que restan hasta las
elecciones mostrarían mayor presión sobre el dólar y más pérdida de reservas de
parte del Banco Central. Luego se abrirá otra “transición” hasta el 10 de
diciembre, que todavía plantea muchos interrogantes
Pero
antes de la asunción del nuevo gobierno, todavía quedan dos meses complicados.
Restan nueve días hábiles para las elecciones y la tendencia a la dolarización
sigue en aumento. El Banco Central interviene para que el tipo de cambio siga
estable ante el aumento de la demanda, pero a costa de seguir perdiendo
reservas.
Para
después de las elecciones aparece otro interrogante: ¿cómo se resolverá en la
nueva transición que se abre desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre?
Imposible saberlo a esta altura, pero no está claro cómo funcionaría una suerte
de “co-gobierno” si Fernández gana. Aparece en el horizonte otro elemento para
considerar: si Horacio Rodríguez Larreta no consigue el 50% de votos en la
ciudad, tendrá que pelear un balotaje tres semanas después. Esa eventual
disputa porteña también podría agregarle una complicación adicional a la
interminable transición política y económica hasta que llegue la nueva
administración.
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